Por: María Soledad Guzmán M.
Según nuestra Constitución modificada 2015, el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones y deberes. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. Para el caso de los alquileres el propietario cede el goce del inmueble al inquilino a cambio de que éste pague el monto del alquiler, ante la ausencia del pago, el Contrato de Alquiler debe ser rescindido por el Juzgado de Paz Ordinario correspondiente. Sin embargo por aplicación de varias normas (citamos en el artículo 1) el proceso de desalojo por falta de pago en los Tribunales de la República se torna difícil y angustiante.
Como abogada en ejercicio me encuentro con la situación de procesos de demandas en desalojo que luego de dos meses de instrumentación quedan en estado fallo y transcurridos años el Juzgado de Paz correspondiente no ha emitido sentencia, ya sea por el cumulo trabajo, falta de personal, en todo caso la tutela judicial efectiva se queda corta pues una justicia tardía no es justicia. Cuando se logra obtener una sentencia y que adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, nos encontramos con las trabas burocráticas en la Procuraduría Fiscal, que ralentiza aún más el proceso. Esto desacredita nuestras instituciones Judiciales y Administrativas, lo que se traduce en una baja inversión inmobiliaria.
Desde la perspectiva de los inquilinos existen también muchas situaciones que los hacen vulnerables, está el hecho de que los precios de los alquileres están a la libre voluntad de las partes, lo que presupone el predominio del poder del propietario, ante el interés de alquilar una vivienda o local comercial.
De hecho una de las motivaciones del Decreto 4807, era el detener los desalojos masivos de los inquilinos y así impedir el uso injusto del derecho de propiedad.
Dado que el Congreso de la República, se encuentra un proyecto de Ley de Inquilinato, deseo que mi próximo artículo sobre el tema verse en torno a la nueva Ley de Inquilinato y pueda elogiar el buen trabajo de nuestro Congreso.
