Paradigma– En una contundente declaración, el candidato presidencial del Partido Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, arremetió contra la recientemente aprobada Ley 1-24, que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), calificándola como «inconstitucional y retrógrada.»
Martínez expresó su profunda preocupación por lo que considera una amenaza directa a la libertad de expresión y a los principios fundamentales de la democracia, logrados con esfuerzo por el pueblo dominicano a lo largo de los años.
En un comunicado oficial, el candidato del PLD cuestionó fuertemente la intención de otorgar poderes exclusivos a la DNI, permitiéndole actuar sin supervisión del Ministerio Público y sin respetar el debido proceso establecido en el Código Procesal Penal. Martínez destacó la importancia de salvaguardar la privacidad y la integridad de los derechos constitucionales.
Uno de los puntos más álgidos señalados por Martínez es el artículo 9 de la ley, que otorga a la DNI la capacidad de realizar investigaciones sin orden judicial ni participación del Ministerio Público, considerando esto una flagrante violación a la privacidad y a la Constitución.
El candidato también expresó su preocupación por el artículo 27 de la ley, que establece sanciones por la divulgación de información relacionada con investigaciones de la Dirección de Inteligencia o que pueda afectar la seguridad nacional. Martínez planteó dudas sobre los criterios de legalidad y justicia que se aplicarían en estas acciones, especialmente si la DNI actuará al margen de la ley y solo reportará al Poder Ejecutivo.
Abel Martínez propuso una revisión urgente de la ley, sugiriendo que primero debió aprobarse la ley de Seguridad y Defensa, que abarcaría todos los aspectos de seguridad nacional e inteligencia. Posteriormente, se podría modificar la ley de la DNI para que esté en consonancia con la legislación más amplia de Seguridad y Defensa.
El expresidente de la Cámara de Diputados subrayó la importancia de consultar a todos los sectores preocupados por posibles violaciones constitucionales que podría conllevar la aplicación de la ley. Además, propuso asignar un juez especial para conocer las solicitudes relacionadas con este tipo de investigaciones, asegurando así la transparencia y el respeto irrestricto al marco legal.
En un llamado a la defensa de la democracia y los principios constitucionales, Abel Martínez instó a la ciudadanía a estar alerta ante esta nueva legislación que, según él, representa un retroceso en los avances democráticos alcanzados en la República Dominicana.