Paradigma- En un giro legal que ha dejado al descubierto las fisuras de la recién promulgada Ley 1-24, la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) enfrenta una ofensiva legal ante el Tribunal Constitucional, con cuatro recursos de inconstitucionalidad que buscan cuestionar la validez de la legislación en su totalidad o de algunos de sus artículos. Los focos de controversia se centran especialmente en los artículos 9, 11 y 26, señalados como los más propensos a vicios de inconstitucionalidad.
Bajo el liderazgo del presidente en funciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún Hernández, un grupo de abogados ha presentado una acción legal solicitando la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos, incluyendo los polémicos 9, 11, 13, 16, 22, 24 y 26 de la controvertida ley. Entre las preocupaciones expresadas se encuentran la obligatoriedad de entregar información a los miembros de la DNI sin autorización judicial previa y la capacidad de la nueva dirección para investigar a ciudadanos sin la intervención de un tercero imparcial.
Cirilo de Jesús Guzmán López, abogado y exfiscal, se une al desafío legal con un recurso propio, instando a la eliminación de la ley en su totalidad y argumentando la inconstitucionalidad de los artículos 9, 10, 11 y 26. Guzmán López sostiene que estos artículos entran en conflicto con los principios establecidos en los artículos constitucionales 44, 49 y 69.
No menos significativo, el lunes pasado, diversas organizaciones sociales y el Partido Generación de Servidores presentaron recursos por separado ante el Tribunal Constitucional, todos convergiendo en la solicitud de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 9, 11 y 26.
La creación de la DNI, que prometía fortalecer la seguridad nacional, se ve ahora inmersa en una batalla jurídica que podría moldear el alcance y los límites de esta nueva entidad. Mientras la nación observa con atención, el Tribunal Constitucional enfrenta el desafío de determinar si la ley en cuestión se mantiene firme o si, por el contrario, se ajustará a los cánones constitucionales, marcando así un precedente crucial en el sistema legal del país.
