Paradigma. En el año 2022, se anunció con gran pompa un censo nacional destinado a abordar las problemáticas más importantes del país mediante estadísticas detalladas. Bajo la dirección de Miosotis Rivas Peña, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), y con un presupuesto de más de 2,000 millones de pesos, se esperaba que este censo proporcionara datos vitales para mejorar las políticas públicas. Sin embargo, dos años después, los resultados han sido cuestionados y la credibilidad del censo está en entredicho.
La Incredulidad de la Población
El dato oficial presentado es que la población dominicana es de 10,760,028 personas. Este número ha sido recibido con escepticismo, especialmente considerando que el padrón de la Junta Central Electoral cuenta con más de 8 millones de personas. La sociedad dominicana cuestiona la validez de estas cifras y critica el uso de los fondos públicos asignados al censo, ya que los datos obtenidos no han contribuido significativamente a la mejora de las políticas públicas.
Desglose del Presupuesto y Ejecución
Según los datos del Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF), el presupuesto asignado fue de 2,042,782,900 pesos, de los cuales se ejecutaron 1,954,190,613.88 pesos. Sin embargo, hay acusaciones de manipulación en los procesos de licitación, especialmente en la adquisición de tabletas y equipos tecnológicos, con un supuesto sobreprecio de más de 113 millones de pesos.
Irregularidades en el Proceso de Licitación
Una de las mayores controversias se centra en la adjudicación de contratos. El proceso de referencia ONE-MAE-PEUR-2022, relacionado con la compra de tabletas y accesorios, mostró serias irregularidades. En particular, la empresa UXMAL Comercial, beneficiaria de la adjudicación, presentó discrepancias en las especificaciones técnicas de los productos ofertados, como la diferencia entre el forro protector IP54 y el reconocido IP31.
Además, el Comité de la ONE no envió informes completos sobre la oferta, y la adjudicación se realizó mediante un dispositivo USB, lo cual generó sospechas sobre la transparencia del proceso. A pesar de las impugnaciones y solicitudes de medidas precautorias basadas en la Ley No. 340-06, el Tribunal Administrativo levantó la suspensión del contrato, permitiendo que las irregularidades continuaran sin mayores consecuencias.
Falta de Resultados Creíbles
En la actualidad, en 2024, los resultados del censo de 2022 aún no han sido utilizados efectivamente debido a la falta de credibilidad en los datos. La empresa Cecomsa fue descalificada por no presentar tabletas preinstaladas, a pesar de que UXMAL Comercial también carecía de esta característica, evidenciando una posible parcialidad en el proceso de adjudicación.
Llamado a la Justicia y la Transparencia
La directora Miosotis Rivas Peña sigue al frente de la ONE, a pesar de las acusaciones de mal manejo y corrupción. Se hace un llamado al presidente Luis Abinader para que inicie una investigación exhaustiva sobre las irregularidades del censo de 2022. La falta de acción por parte del Ministerio Público es alarmante, dado el impacto negativo que este mal manejo ha tenido sobre los fondos públicos y la confianza de la población.
El Rol de los Medios de Comunicación
Es crucial que los medios de comunicación asuman su rol en la denuncia de la corrupción y la mala gestión pública. La pasividad de los medios ante casos de corrupción y prácticas dudosas debe cambiar. Es esencial que la información proporcionada a la población sea veraz y sin sesgos, para asegurar que la publicidad institucional no oscurezca la verdad.
El censo de 2022, que inicialmente prometía ser una herramienta crucial para el desarrollo de políticas públicas eficaces, ha resultado ser un fiasco marcado por la corrupción y la mala gestión. La confianza de la población en los datos estadísticos ha sido gravemente dañada, y se requiere una acción decidida para investigar y corregir estas irregularidades. Solo a través de la transparencia y la rendición de cuentas se podrá restaurar la confianza y asegurar que los recursos del país se utilicen para el beneficio de todos los dominicanos.
